El pasado 12 de junio, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.

Esta modificación básicamente recoge el procedimiento para recuperar la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, las personas físicas que sean propietarias o poseedoras legítimas por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de viviendas sociales. Lo que hasta ahora venía recogiendo la doctrina como la figura del ignorado ocupante.